María Cruz Yoldi Orradre

A las siete y veinte minutos de la mañana del 17 de octubre de 1987 una bomba colocada por la banda terrorista ETA en el exterior del edificio de una sucursal de la compañía de seguros La Unión y el Fénix en Pamplona acababa con la vida de la repartidora de periódicos MARÍA CRUZ YOLDI ORRADRE.

La colocación del artefacto explosivo había sido anunciada horas antes mediante confusos avisos a la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA), pero la Policía no logró localizar la bomba. A las 3:24 horas se produjo la primera llamada, en la que el comunicante, que dijo pertenecer a ETA, informó de la colocación de un artefacto “en la calle Cortes de Navarra”. La misma persona volvió a llamar otras dos veces interesándose por si DYA había transmitido el mensaje a la Policía y advirtiendo que el artefacto había sido colocado por ETA “enfrente del cine Carlos III”. Sin embargo este cine, ubicado en la misma calle, se encontraba a más de cien metros de distancia del lugar de la explosión, aunque enfrente de las oficinas siniestradas existía un salón de juegos recreativos con el mismo nombre, extremo que pudo provocar el equívoco. Sea como fuere, los datos imprecisos e insuficientes del comunicante impidieron que las dotaciones policiales localizasen la bomba.

La explosión se registró a las siete y veinte minutos justo cuando María Cruz Yoldi depositaba ejemplares de la prensa del día junto a la entrada de la sucursal. La bomba desplazó el cuerpo de la víctima a más de doce metros de distancia empotrándolo debajo de un vehículo marca Citroën y provocándole múltiples fracturas en todos los huesos del cráneo, amputación de un brazo y graves heridas en tórax y abdomen que, como rezaba el parte médico, resultaban “incompatibles con la vida”.

El atentado de ETA era parte de la campaña de acoso de la banda asesina a lo que llamaban “intereses económicos franceses y españoles”, campaña que ya llevaba varios años en marcha. En marzo de 1980 la banda terrorista había asesinado al subdirector de La Unión y el Fénix en Bilbao, Enrique Aresti Urien. Durante los meses de abril y julio de 1987 ETA había atentado con bombas contra diversos establecimientos en Navarra de empresas de capital francés como Michelin y Roche-Bobois. También en agosto de ese año la banda había atentado contra concesionarios de automóviles franceses y el supermercado Pryca de Santander.

En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Bautista Barandalla Iriarte a 27 años de cárcel por el asesinato de María Cruz Yoldi, a 8 por un delito de estragos y a 6 por pertenencia a banda armada. Durante el juicio Barandalla Iriarte reconoció ser miembro del grupo Amaiur de ETA.

Este grupo Amaiur, autor del asesinato de María Cruz Yoldi, lo completaban Mikel Castillo Furtado, Alberto Ilundáin Iriarte y Juan Carlos Pérez Ojuel, secretario de organización de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Pamplona, además de terrorista de la banda ETA, un ejemplo más de la simbiosis entre los asesinos y su brazo político. Son decenas los miembros de HB que han colaborado directamente con ETA señalando objetivos, escondiéndoles después o enrolándose directamente en las filas de la banda terrorista, simultaneando los atentados con una vida política aparentemente normal.

En la misma operación en la que fue detenido Barandalla Iriarte en septiembre de 1990 falleció el etarra Mikel Castillo Furtado por disparos de la Policía. El grupo Amaiur estaba a punto de cometer el asesinato de una persona vinculada sin prueba alguna por ETA con el tráfico de drogas. En esa operación Ilundáin Iriarte y Juan Carlos Pérez Ojuel consiguieron escapar del operativo policial. Poco después, el 19 de noviembre de 1990, el secretario de organización de HB y terrorista en su tiempo libre, fue detenido en el domicilio del concejal de la misma formación proetarra en Aoiz, Antonino Alemán. Juzgado y condenado como miembro del grupo Amaiur, su salida de la cárcel está prevista para noviembre de 2022 por aplicación de la doctrina Parot. Por otra parte, Pérez Ojuel ya fue detenido en noviembre de 1978 acusado de ser miembro de ETA y haber participado en varios atentados cometidos en la ribera de Navarra, lo que no fue obstáculo para que formase parte de Herri Batasuna.

Alberto Ilundáin Iriarte, alias Mollejas, fue detenido en septiembre de 2001 cuando circulaba en un vehículo en la región de Loire, cerca de Saboya (Francia), acompañado por el etarra Didier Aguerre. Los terroristas iban armados con dos pistolas y una metralleta. El etarra tiene pendiente cinco requisitorias de la Audiencia Nacional, una de ellas por el asesinato de María Cruz Yoldi. El Tribunal Especial de lo Criminal de París lo condenó a 18 años de cárcel en octubre de 2005 por su participación con otros tres etarras en el robo de 1.650 kilos de dinamita en Grenoble (2001). En noviembre de 2006 fue condenado, también en Francia, a otros 18 años por formar parte de la “columna vertebral” del aparato logístico de ETA.

Barandalla Iriarte fue excarcelado en el año 2009 bajo la justificación de enfermedad grave, cuando su salida estaba prevista para septiembre de 2020 en aplicación de la doctrina Parot. Aunque estaba en régimen de arresto domiciliario y con una pulsera de control telemático por parte de la prisión de Nanclares de Oca, en febrero de 2011, como informó el diario El Mundo, permaneció varias horas desaparecido vulnerando claramente el arresto domiciliario y haciendo dudar de que en realidad estuviese tan enfermo.

El grupo Amaiur de ETA fue también el responsable de las bombas colocadas el 31 de julio de 1987 en un establecimiento comercial de la firma Roche-Bobois y en un concesionario de la firma Michelin el 18 de abril de 1987.

María Cruz Yoldi Orradre, de 63 años, estaba casada -su marido era portero de finca urbana- y tenía seis hijos. Natural de la localidad de Najurrieta (Navarra) desde hacía catorce años repartía ejemplares del Diario de Navarra a suscriptores particulares y a empresas.

La cobarde indiscriminación con que actúan estos asesinos, le ha costado la muerte a una mujer modesta, empleada de Diario de Navarra desde hacía bastantes años, compañera en la nómina de nuestra plantilla que, a pesar de su edad y próxima a su jubilación, necesitaba su trabajo para sacar adelante a una familia numerosa con varios hijos parados (editorial del Diario de Navarra, 18/10/1987).

Unas trescientas personas acudieron el día 18 a su entierro en el cementerio de Pamplona, entre las que se encontraban el presidente del Parlamento de Navarra, Javier Gómara, el alcalde de la ciudad, Javier Chourraut, y el senador Jaime Ignacio del Burgo. Por la tarde varias decenas de personas se manifestaron silenciosamente por espacio de media hora en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona respondiendo a la convocatoria efectuada por la Asociación por la Paz en Euskal Herria.