Poco después de las siete y cuarto de la mañana del 25 de abril de 1986, cinco miembros de la Guardia Civil resultaron muertos, y cuatro más heridos graves, en un atentado terrorista con coche-bomba cometido por ETA en pleno centro de Madrid. El coche contenía tres ollas a presión con doce kilos de Goma 2, otros doce de amonal y cuarenta y ocho kilos de metralla, la mayor parte tornillos.
El coche-bomba estalló en el cruce de las calles de Juan Bravo y Príncipe de Vergara al paso del Land Rover ocupado por nueve guardias civiles. En ese momento, el vehículo se encontraba parado en un semáforo en rojo. Resultaron muertos los guardias civiles JUAN JOSÉ CATÓN VÁZQUEZ, de Palencia; JUAN CARLOS GONZÁLEZ RENTERO, de Salamanca; ALBERTO ALONSO GÓMEZ, nacido en París; VICENTE JAVIER DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ y JUAN MATEOS PULIDO, ambos de Cáceres. Tres de ellos murieron en el acto. Dos cuerpos quedaron destrozados y carbonizados en el interior del vehículo, del que salió despedido un tercero. Otro guardia civil fue trasladado al Hospital Provincial, donde ingresó cadáver. Un quinto ocupante del coche fue trasladado al Hospital de La Princesa, "en situación crítica y con salida de masa encefálica", y falleció una hora después, según informaron en el hospital.
El atentado se produjo sólo tres horas antes de que los dirigentes del PNV y Herri Batasuna se sentaran, por primera vez, en una mesa para buscar soluciones a la violencia, y cuatro días después de que el Gobierno anunciara su decisión de anticipar las elecciones legislativas al 22 de junio.
Pasadas las 7:15 horas, el Land Rover de la Guardia Civil abandonaba la Embajada de Italia en Madrid, situada en la calle de Juan Bravo, tras hacer los relevos en las guardias de diversas representaciones diplomáticas. El recorrido debía finalizar en la representación diplomática de la Unión Soviética, en la calle del Maestro Ripoll. Fuentes policiales señalaron que en el momento en que el Land Rover se encontraba a la altura del cruce de las calles de Juan Bravo y Príncipe de Vergara fue alcanzado de lleno, en su lado derecho, por la explosión de un potente artefacto que se había colocado en un coche aparcado en la acera. El explosivo fue accionado mediante un mando a distancia, por lo que los autores materiales del atentado se encontraban a una distancia de unos 150 a 200 metros. Tras el atentado, en el interior del Land Rover la munición de los guardias civiles produjo pequeñas explosiones por el incendio que provocó la explosión del coche-bomba.
Además de los cinco agentes muertos, otros cuatro guardias civiles resultaron gravemente heridos: José Manuel de Pablos Ruiz, ingresó muy grave en el Hospital Ruber con una herida en una pierna que prácticamente la desgajaba del cuerpo, además de heridas de metralla en la cabeza y en el cuerpo; Juan José Esteban Benito, con pronóstico grave, que perdió totalmente la visión del ojo izquierdo; Juan Jesús Fancha López, grave, que también perdió la visión de un ojo; y Juan Carlos Acosta Martín Gil, muy grave, perdió el ojo derecho.
Varias personas que pasaban por allí resultaron también heridas leves: José Baltasar Suárez Fernández; Antonio Mora Sánchez; Rafael Aranda Martín; Rafael Millán González; Begoña Fernández Esteso; Fermín García Moreno y María Luisa Muñoz Arruti, empleada de la funeraria de Madrid. Los dos primeros fueron ingresados en el Hospital Provincial y los dos restantes en el Hospital de la Princesa. Todos ellos fueron dados de alta a lo largo del día y sus pronósticos médicos indicaban lesiones leves.
La explosión afectó, además, a edificios de más de cuatro manzanas, y destrozó parte de la fachada de la Clínica Nuestra Señora del Rosario en cuya acera estaba aparcado el coche-bomba. Los paritorios de la clínica quedaron arrasados. La llanta de la rueda de repuesto del coche bomba, lanzada por la onda expansiva, produjo un agujero de un metro cuadrado en la pared del centro sanitario y se incrustó en uno de los quirófanos de la planta baja. La explosión provocó también graves desperfectos en el inmueble situado enfrente de la clínica, en el número 25 de la calle de Juan Bravo.
El coche bomba quedó tan destrozado que no se pudo precisar su marca, aunque presumiblemente se trató de un Seat 124 de color blanco o un Citroën 2 CV. Restos humanos, trozos y piezas del Land Rover se encontraron a más de 60 metros de distancia del lugar de la explosión.
Una hora después de producirse el atentado, un grupo de personas congregadas cerca del lugar de los hechos empezó a dar gritos contra el Gobierno y contra ETA, y lanzó vivas a Antonio Tejero y Jaime Milans del Bosch, condenados por la intentona golpista del 23-F.
Los Reyes, que acababan de llegar a Madrid de su viaje a Gran Bretaña, se trasladaron pasadas las seis de la tarde a la Dirección General de la Guardia Civil, donde estaba instalada la capilla ardiente. Diversas autoridades, entre ellas el ministro del Interior, José Barrionuevo, visitaron la capilla ardiente. A primera hora de la noche la Dirección General de la Guardia Civil impidió el acceso a la capilla ardiente a unas 200 personas, entre policías nacionales y guardias civiles, todos ellos de paisano, que trataban de rendir "su último homenaje a los fallecidos". Allí se celebró al día siguiente el funeral de cuerpo presente.
El brutal atentado fue obra de los seis etarras que en esos momentos formaban el grupo Madrid de ETA: Juan Manuel Soares Gamboa, José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz (que fue quien detonó el explosivo desde una zona ajardinada próxima al lugar de los hechos), Inés del Río Prada, Idoia López Riaño y Esteban Esteban Nieto. Contaron, además, con la complicidad de María Inmaculada Noble Goicoechea.
En 1990, la Audiencia Nacional condenó a De Juana Chaos, Troitiño Arranz, Del Río Prada y Esteban Esteban Nieto a un total de 378 años de prisión a cada uno. En el mismo fallo se condenó a Noble Goicoechea por complicidad a 238 años de cárcel. Posteriormente, la Audiencia condenó a Soares Gamboa a 200 años como autor material. Con este etarra el Tribunal contempló la circunstancia atenuante de arrepentimiento y la actitud de colaboración con la justicia. Años después, en 2002, se condenó a Idoia López Riaño a 370 años de prisión como corresponsable del atentado.
El caso de José Ignacio de Juana Chaos, que por su actividad como jefe del grupo Madrid de ETA acabó siendo condenado a más de 3.000 años por veinticinco asesinatos, es un ejemplo sangrante de lo barato que le ha salido a ETA matar. Los 3.000 años de condena quedaron cumplidos con 18 de prisión. Una nueva causa abierta contra él le sentenció a 12 años de prisión por amenazas terroristas contra funcionarios públicos, por dos artículos publicados en el diario Gara. El Tribunal Supremo revisó la sentencia y rebajó la pena por este delito a tres años de cárcel. A comienzos de 2007, el Ministerio del Interior resolvió concederle la prisión atenuada. Entonces el etarra abandonó la supuesta huelga de hambre que mantenía en las semanas previas como forma de protestar por su situación. Se le trasladó a un hospital en el País Vasco y, posteriormente, fue recluido en su domicilio particular. Las víctimas de ETA se manifestaron repetidamente contra los beneficios penitenciarios concedidos a De Juana, del que se ignora su paradero tras ser puesto finalmente en libertad en agosto de 2008. Pese a que el CNI dice tener controlados los movimientos y el paradero del etarra, el 31 de enero de 2011 la Audiencia Nacional suspendió de manera temporal la causa por la que De Juana está huido, al no disponer de datos sobre su paradero. Una de las últimas noticias sobre el etarra, de febrero de 2011, es que podría haber viajado de Irlanda a Venezuela con un pasaporte falso. De Juana Chaos jamás se arrepintió de sus crímenes y, por supuesto, no ha pedido perdón a las víctimas de su actividad asesina.
El caso de Antonio Troitiño Arranz es igualmente sangrante y escandaloso. Por su participación en 22 asesinatos acumuló un total de 2.746 años de cárcel, pero sólo ha estado en prisión 24 años. En una insólita y escandalosa decisión, la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, presidida por el juez Alfonso Guevara, ordenó su puesta en libertad el 13 de abril de 2011, cuando su salida estaba prevista para 2017 en aplicación de la doctrina Parot. Para tomar esta decisión, la Audiencia Nacional ha aplicado al asesino Troitiño una doctrina del Tribunal Constitucional del año 2008, que beneficia a los etarras por los años que estuvieron en prisión a la espera de juicio. Según esta doctrina, cada año cumplido en prisión a la espera de juicio, computa como dos años de cumplimiento de la sentencia. Al día siguiente de la puesta en libertad del sanguinario etarra, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó que Troitiño volviese a prisión. Pocos días después, el 19 de abril, la misma Sección de la Audiencia Nacional que ordenó su puesta en libertad, revocó su decisión y ordenó su vuelta a prisión hasta enero de 2017. Mientras tanto, Troitiño ha aprovechado para darse a la fuga y permanece, a día de hoy, en paradero desconocido.
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Es fundamental recordar y honrar a todas las personas que perdieron la vida o resultaron afectadas por los actos violentos perpetrados por ETA. Cada una de estas víctimas merece nuestro respeto y solidaridad.