Alfredo Díez Marcos - José Gómez Martiñán - José Gómez Trillo - Antonio Marín Gamero - José Antonio Martínez Pérez-Castillo y Victorino Villamor González

El 1 de febrero de 1980 fueron asesinados en Ispáster (Vizcaya) seis guardias civiles destinados en Lekeitio y Ondarroa, algunos de ellos muy jóvenes y recién salidos de la Academia de Valdemoro. Los seis agentes asesinados eran originarios de diferentes provincias españolas: ALFREDO DÍEZ MARCOS (de Zamora), JOSÉ GÓMEZ MARTIÑÁN (de Cádiz), JOSÉ GÓMEZ TRILLO (de Valencia), ANTONIO MARÍN GAMERO (de Badajoz), JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ-CASTILLO (de Almería) y VICTORINO VILLAMOR GONZÁLEZ (de Burgos).

Las víctimas eran miembros de un convoy formado por dos Land Rover de la Guardia Civil, con tres guardias civiles cada uno, y vehículos de la fábrica de armas Esperanza y Cia. en los que viajaban técnicos de la empresa y se transportaba el armamento. Varias veces a la semana el convoy hacía el recorrido entre Marquina y la playa de Laga, donde probaban, para su homologación, los morteros de la fábrica vizcaína. La misión de los guardias civiles era dar protección y escoltar a los trabajadores de la fábrica y el material que transportaban.

Aquel viernes 1 de febrero salieron en torno a las 7:30 horas de la fábrica Esperanza y Cia., en Marquina. La salida fue observada por varios terroristas que, adelantando al convoy, se reunieron con otros miembros de la banda en el kilómetro 53 de la carretera, en las cercanías de Ispáster. Hacia las 8:15, en una zona de curvas que obligó a reducir la velocidad, les tendieron la emboscada mortal. El primer vehículo, en el que viajaban los técnicos de la empresa, pasó sin ninguna incidencia, pero los dos Land Rover de la Guardia Civil fueron atacados con fusiles de asalto, metralletas y granadas de mano. Se hicieron más de un centenar de disparos. Para asegurarse de que ningún guardia civil sobrevivía, tras el ataque varios terroristas se acercaron a los vehículos y arrojaron una granada de mano en el interior del primer Land Rover. Cuando quisieron repetir lo mismo con el segundo, la granada hizo explosión antes de que los asesinos tuvieran tiempo de alejarse, por lo que dos de ellos (Gregorio Olabarría Bengoa y Javier Gorrotxategui Argote) resultaron gravemente heridos, falleciendo poco después.

Un número indeterminado de etarras (entre 8 y 11) participaron en el atentado de Ispáster. En 1984 la Audiencia Nacional condenó a Jaime Rementería Beotegui por su cooperación en las labores de ejecución del atentado. En prisión desde agosto de 1983, salió en libertad en enero de 2004. También fue condenado por proporcionar la información necesaria para cometer el atentado Francisco Esquisabel Echevarría. Detenido en octubre de 1980, salió en libertad en agosto de 2002, tras cumplir 22 años de prisión. Entre los etarras que presuntamente participaron se encontraba José Luis Ansola Larrañaga, alias Peio el Viejo, que fue puesto en libertad en junio de 1999 al ser absuelto por falta de pruebas y no tener otras causas pendientes. El fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en cambio, solicitaron un total de 174 años de cárcel para Peio el Viejo en calidad de autor por cooperación necesaria de seis delitos de asesinato cometidos en el atentado de Ispáster. La sentencia recoge los hechos probados de las sentencias anteriores en las que se condenó por estos mismos hechos a otros etarras, y precisa que el grupo de etarras liberados (a sueldo de la organización) que intervinieron en la acción estaba integrado por Rekalde, Gregorio Olabarria y Francisco Javier Gorrotxategi, estos dos últimos fallecidos al estallarles sendas granadas de mano, y por otras personas todavía no juzgadas. Entre estas personas no juzgadas estaría Alfonso Echegaray Achirica, que fue deportado por Francia, primero a Ecuador (en julio de 1985) y posteriormente a Santo Tomé y Príncipe. En marzo de 2011 figuraba, junto a otros treinta y tres etarras, en la lista negra de terroristas que elabora y actualiza el Departamento de Estado de los EEUU.

Alfredo Díez Marcos era natural de Fermoselle (Zamora) y tenía 25 años. Estaba casado con María del Cármen Gómez y tenía un hijo de nueve meses.

José Gómez Martiñán nació el 7 de agosto de 1955 en Algeciras (Cádiz), por lo que tenía 24 años cuando fue asesinado. Ingresó en la Guardia Civil el 9 de septiembre de 1978 y sólo pudo prestar dos años de servicio en el Cuerpo. Estaba casado y no tenía hijos. A sus funerales celebrados en Tarifa acudieron cerca de cuatro mil personas. En noviembre de 2008, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, presidida por el alcalde Tomás Herrera, acordó dedicarle una calle de la ciudad.

José Gómez Trillo tenía 30 años y era natural de Xirivella (Valencia). Estaba casado y tenía un hijo, el primero de los 35 huérfanos que ETA ha dejado en la Comunidad Valenciana.

Antonio Marín Gamero, natural de Oliva de la Frontera (Badajoz), tenía 27 años, estaba casado y tenía dos hijos. ETA nunca ha cometido un atentado en Extremadura, pero entre sus víctimas hay 53 extremeños, la mitad guardias civiles como Antonio, asesinados por la banda en atentados en el País Vasco, Cataluña y Madrid.

José Antonio Martínez Pérez-Castillo era natural de Oria (Almería) y tenía 26 años. Los padres y un hermano menor del agente fallecido se desplazaron hasta Basauri donde tuvieron lugar los funerales presididos por el ministro de Interior. La muerte del joven agente fue sentida profundamente en la provincia de Almería, de manera especial en la comarca del Almanzora donde vivía toda su familia. José Antonio estaba soltero y llevaba tres años en la Guardia Civil (se cumplieron el día de su asesinato).

Victorino Villamor González nació en Quecedo de Valdivielso (Burgos) en 1938. Estaba soltero y tenía 41 años cuando fue asesinado. A sus funerales celebrados el 3 de febrero se desplazó gente de toda la comarca del valle de Valdivielso