Hacia las diez y cuarto de la noche del 1 de julio de 1991 un paquete-bomba hacía explosión en la empresa Express Cargo, en el polígono industrial de Villaverde (Madrid), causando la muerte en el acto a dos artificieros de la Policía Nacional, el subinspector PEDRO DOMÍNGUEZ PÉREZ y el agente LUIS CLARACO LÓPEZ. Un tercer miembro de los Tedax, el agente José Luis Jiménez Barrero, resultó gravemente herido. Permaneció clínicamente muerto dos días más, falleciendo el 3 de julio.
El paquete, con unos siete kilos de explosivo, había sido enviado desde Valladolid a un alto cargo del Ministerio de Justicia, que anteriormente había ocupado el puesto de subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. El paquete llegó el 27 de junio al Ministerio y los servicios de seguridad no pudieron comprobar su contenido por verse todo opaco a través del escáner. Tenía unas dimensiones de 40 centímetros de largo, 15 de grosor y 20 de ancho. Ese mismo día se entregó también en Valladolid el paquete que hizo explosión el jueves 28 de junio en la cárcel sevillana Sevilla-1 y que provocó la muerte a cuatro personas -un funcionario, dos reclusos y el familiar de otro recluso- y heridas de diversa consideración a otras treinta.
Al rechazar el Ministerio el paquete, la empresa Express Cargo lo depositó en un almacén situado en el barrio de Villaverde en Madrid, donde permaneció catalogado como "incidencia". Y así estuvo el envío hasta el 1 de julio, cuando una llamada anónima avisó a la delegación de Express Cargo en Aranda de Duero (Burgos) de que en alguna de sus dependencias tenía que haber un paquete-bomba.
La central de Express Cargo avisó a todas sus delegaciones hasta que se detectó el paquete en el almacén de Villaverde. Los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) llegaron a la empresa sobre las seis de la tarde y adoptaron todo tipo de precauciones, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los funcionarios utilizaron un robot para desplazar el paquete y los artificieros cebaron el bulto en dos ocasiones. Los agentes tenían órdenes expresas de sus superiores de "no arriesgar nada" en su labor de desactivación. Después de varias horas de trabajo, sobre las 22:15 horas, y cuando parecía que todo estaba controlado, el paquete hizo explosión. El artefacto tenía una trampa consistente en un doble detonador y estalló cuando los artificieros intentaban desactivarlo manualmente. La explosión fue muy fuerte y la onda expansiva derrumbó 35 metros cuadrados del tejado de la nave.
Al lugar de la explosión acudieron el ministro del Interior, José Luis Corcuera, el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y el alcalde de Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún.
En julio de 2010 se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional el exjefe de ETA José Luis Urrusolo Sistiaga por el asesinato de los tres agentes del Tedax. Urrusolo Sistiaga, alias Joseba, fue extraditado por Francia en 2001 para ser juzgado por dieciséis asesinatos y dos secuestros entre otros delitos. Durante el juicio, y a preguntas de la defensa, el etarra señaló que había abandonado la organización terrorista en 1994. En septiembre de 2008 hizo pública una carta en la que, junto a la también etarra Carmen Guisasola, se desvinculaba del Movimiento de Presos Vascos y criticaba la estrategia de ETA y de Batasuna.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, antes del 25 de junio de 1991 Joseba averiguó y anotó la dirección de la sede del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo de Madrid número 21 con la finalidad de enviar un paquete-bomba a cargos políticos o funcionarios destinados allí. "En ejecución del plan concebido", añade el escrito, miembros no identificados de la banda terrorista facturaron un paquete-bomba desde la empresa de paquetería Express Cargo de Valladolid. El fiscal consideró a Urrusolo Sistiaga coautor de un delito de estragos terroristas, uno de atentado contra funcionarios, uno de asesinato en grado de tentativa y dos de asesinato terrorista.
El 28 de julio de 2010 Urrusolo Sistiaga fue condenado a penas que suman 119 años de cárcel como cooperador necesario en el atentado que costó la vida a los tres policías. Según se recoge en la sentencia, en una agenda que se intervino en 1992 al ser desarticulado el grupo del que Urrusolo formaba parte, se encontraron anotaciones con la dirección del Ministerio de Justicia para que ETA lo enviara a una persona en ese departamento. También había anotaciones sobre empresas de mensajería escritas por una etarra huida. Un hombre y una mujer no identificados se encargaron de enviar desde Valladolid el paquete cargado de explosivos.
Los jueces al dictar sentencia tuvieron en cuenta que Urrusolo Sistiaga no negó haber escrito las notas de la agenda intervenida por la Policía, y que un informe pericial realizado por expertos en grafología de la Guardia Civil acreditó que el acusado era el autor de las anotaciones. La sentencia señala que el plan del atentado, "concretado entre el acusado" y la otra etarra huida, "dio lugar a que personas de la organización ETA, utilizando la información por aquellos conseguida, montaran el explosivo, lo ocultaran en una caja y lo facturaran".
Luis Claraco López, de 39 años, era natural de Linares (Jaén). Estaba casado y tenía tres hijos. El funeral por su alma tuvo lugar en la parroquia de San Francisco de su localidad natal, al que asistieron unos doscientos vecinos, además del delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Garrido, y de mandos provinciales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Pedro Domínguez Pérez, subinspector de la Policía Nacional de 45 años, era natural de Forfoleda (Salamanca), donde fue enterrado. Estaba casado y tenía tres hijos. A su funeral asistieron varios centenares de vecinos de Forfoleda y de otros pueblos de la comarca.
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Es fundamental recordar y honrar a todas las personas que perdieron la vida o resultaron afectadas por los actos violentos perpetrados por ETA. Cada una de estas víctimas merece nuestro respeto y solidaridad.