A las ocho y diez de la mañana del 24 de mayo de 1989 la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao, mediante la explosión de un coche-bomba, a los policías nacionales JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA y MANUEL JÓDAR CABRERA, y al ertzaina LUIS HORTELANO GARCÍA.
Los agentes fallecidos estaban adscritos a los grupos de especialistas en desactivación de explosivos de sus respectivos cuerpos. Los tres policías saltaron en pedazos al estallar un bidón con veinte kilos de amonal, cuarenta de metralla y un multiplicador de pentrita colocado en el maletero de un taxi robado. Los cuerpos quedaron reducidos a fragmentos, y los restos esparcidos a varias decenas de metros a la redonda. El fragmento humano mayor que pudo recogerse era del tamaño de un libro. Otras once personas –cuatro policías, un bombero y seis civiles- resultaron heridos de diversa gravedad.
El atentado fue cuidadosamente preparado por la organización terrorista para dificultar la desactivación del coche bomba y garantizar que se produjesen víctimas. Primero, y para atraer a las Fuerzas de Seguridad del Estado, colocaron un artefacto explosivo de escasa potencia cerca de un concesionario de Peugeot en el barrio bilbaíno de Zorroza. A la vez, dejaron estacionado cerca un taxi cargado con explosivos. Cuando estalló el primer artefacto, llegaron al lugar varios miembros de los equipos de desactivación de explosivos de la Policía Nacional y de la Ertzaintza. Tras inspeccionar los alrededores, repararon en el taxi, cuya desaparición había sido denunciada por su propietario después de que dos terroristas lo robaran a punta de pistola la noche anterior.
En el maletero del vehículo estaba la potente bomba, así que los artificieros iniciaron el procedimiento de desactivación. Después de manipular durante más de dos horas el artefacto y de neutralizar varios sistemas trampa de activación, se decidieron a retirar el bidón que contenía el amonal, mientras una cuarta persona fotografiaba la operación. En ese momento se produjo la brutal explosión. Los terroristas habían colocado un sistema de iniciación oculto entre cemento para que no pudiese ser detectado por los especialistas en desactivación de explosivos.
El atentado coincidió con la víspera de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo del 15 de junio, que se inició a las 00:00 horas del mismo día 24 de mayo. Todos los partidos políticos vascos, con excepción de Herri Batasuna, acordaron en señal de luto y repulsa suspender los actos de la primera jornada de campaña y retrasar 24 horas el inicio de las actividades de ésta.
En 1995 la Audiencia Nacional condenó a José Luis Martín Carmona a 76 años de reclusión mayor como autor del atentado. Anteriormente habían sido condenados los etarras Fernando del Olmo Vega e Inmaculada Pacho Martín por su participación en el mismo. Del Olmo Vega fue detenido en 1991 y condenado a 88 años. Cumple actualmente su condena en la prisión de Almería y tiene prevista la salida de la cárcel en febrero de 2012, aunque la doctrina Parot la puede retrasar hasta 2020. En cuanto a Pacho Martín, ha sido condenada en nueve sentencias a penas que suman 500 años de cárcel por cinco asesinatos. Al aplicársele la doctrina Parot, su puesta en libertad se ha retrasado al 2021. De lo contrario, habría salido de prisión en marzo de 2008.
Luis Hortelano García, de 33 años, era natural de Bilbao. Casado y con dos hijos, había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1982, abandonándolo cuatro años más tarde para incorporarse a la Ertzaintza. Por su experiencia en la desactivación de explosivos, fue nombrado jefe de la Unidad Especial de Desactivación de Explosivos de la Policía Autónoma vasca. Solía acompañar a los artificieros de la Policía Nacional para mantenerse al día sobre nuevas técnicas en desactivación. Por ese motivo fue ese día a intentar desactivar la bomba en el maletero del taxi.
Manuel Jódar Cabrera era de Rubite (Granada) y tenía 35 años. Estaba casado y tenía también dos hijos. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1975. La familia de Manuel Jódar tuvo que abandonar el País Vasco tras nueve años de acoso, según denunciaron ante el juez Garzón en 2003 en el marco de un procedimiento judicial abierto contra la limpieza étnica en esa comunidad autónoma.
José María Sánchez García era de Galinduste (Salamanca) donde veraneaba con su familia y donde fue enterrado. De 34 años, estaba casado con Ana María Lerena, con la que tenía, igual que sus dos compañeros, dos hijos: una niña de 5 y un niño de 4. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1981.
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Es fundamental recordar y honrar a todas las personas que perdieron la vida o resultaron afectadas por los actos violentos perpetrados por ETA. Cada una de estas víctimas merece nuestro respeto y solidaridad.