La sangrienta jornada del 14 de abril de 1981 la culminó ETA a primera hora de la tarde asesinando en la localidad guipuzcoana de Usurbil al director de producción de la empresa Moulinex, JOSE MARÍA LATEGUI BALMASEDA.
Tras terminar su jornada laboral, en torno a las tres de la tarde, José María se dirigía con un compañero hacia su automóvil, estacionado en un taller contiguo a la fábrica, para regresar a San Sebastián. En ese momento un etarra de los Comandos Autónomos Anticapitalistas se le acercó y le disparó en la sien un único proyectil. A continuación, se montó en un vehículo conducido por un segundo terrorista, y se dio a la fuga. La impresión de la policía es que el disparo que acabó con la vida de José María fue efectuado con un revólver, ya que no se encontró ningún casquillo en el lugar de los hechos.
José María murió en la ambulancia de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) que le trasladaba a la residencia sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora de Aránzazu.
José María murió en la ambulancia de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) que le trasladaba a la residencia sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora de Aránzazu.
El proceso contra los asesinos de Latiegui, que ha durado casi tres décadas, es un ejemplo palmario del calvario judicial que han tenido que soportar los familiares de las víctimas de ETA. Como dijo su viuda, Ramona Garrido, durante el juicio contra el etarra Capullo en 2010, es como si les mataran dos veces.
Este juicio tuvo cierta repercusión en los medios de comunicación porque el juez Gómez Bermúdez expulsó de la sala a la viuda y a una hija de José María por tener la osadía de pedir justicia.
El largo proceso se inicia el 25 de octubre de 1982 cuando se dictó el auto de procesamiento ordenando el ingreso en prisión de los etarras Joaquín Zubeldia Gorostidi y María Aránzazu Carrera Carrera. También se dictaron órdenes de busca y captura contra Francisco Imaz Martiarena y José Antonio Zurutuza Sarasola, alias Capullo, todos ellos acusados de haber participado en el asesinato de Latiegui. El 4 de junio de 1984 se dictó auto de procesamiento y orden de busca y captura contra Primitivo Alfonso Portilla Martinez. Este último fue detenido en Francia en 1986 pero, que sepamos, no fue juzgado nunca por su participación en el asesinato del director de Moulinex.
En 1983 fueron condenados a 12 años como cómplices del asesinato del directivo de Moulinex Joaquín Zubeldia Gorostidi y María Aránzazu Carrera Carrera. Son los únicos condenados por el asesinato de Latiegui, sólo como cómplices y a una pena irrisoria. Veamos qué pasó con el resto de implicados.
Francisco Imaz Martiarena fue detenido en Francia en septiembre de 1986, ingresando en la prisión de Bayona. Extraditado a España en 1987, en el año 1988 se le condenó por el asesinato de Ramón Ezequiel Martínez García, cabo de la Policía Nacional asesinado en Oyarzun el 25 de marzo de 1983, pero no por el asesinato de Latiegui. En 1995, la Audiencia Nacional dictó el sobreseimiento libre de la causa que se seguía contra él por su participación en el asesinato de José María. Ese mismo año, con condenas por otros delitos que sumaban 142 años, pasa a tercer grado. El Servicio Vasco de Salud le diagnostica una psicosis esquizofrénica, por un lado, e Instituciones Penitenciarias, aunque no justifica la excarcelación adelantada por la enfermedad mental, sí la une a la constatación de su desvinculación de la banda.
En cuanto a José Antonio Zurutuza Sarasola, Capullo, fue detenido en Francia en 1995, pero habría que esperar hasta el 17 de junio de 2005 para que el juez Garzón, a instancias de la Fiscalía, solicitase su extradición a España. Se habían perdido ya 10 años. Si bien las autoridades francesas dieron luz verde a la petición, la extradición quedó suspendida en octubre de ese año por orden del Consejo de Estado francés. Finalmente, las autoridades francesas entregaron al etarra a España el 13 de diciembre de 2007.
Todo este retraso ha provocado que Capullo no haya sido juzgado por prescripción del delito. En noviembre de 2009 la Audiencia Nacional acordó el sobreseimiento libre de la causa que instruía contra Zurutuza por el asesinato de Latiegui, al considerar que había transcurrido el plazo de prescripción de 20 años contemplado en el Código Penal de 1973, vigente en el momento en que se produjeron los hechos.
En febrero de 2010 se produjo un triste incidente durante el juicio contra Capullo por otro asesinato, el del delegado de Telefónica en San Sebastián, Enrique Cuesta Jiménez, y su escolta, el agente de la Policía Nacional Antonio Gómez García. Durante la primera sesión del juicio, que se celebró entre el 11 y el 17 de febrero de 2010, la mujer y la hija de José María Latiegui, fueron expulsadas de la Audiencia Nacional por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, después de que exhibieran carteles en los que reclamaban que Capullo también fuera juzgado por este crimen.
En el momento en el que el secretario judicial procedía a la lectura de los informes de conclusiones provisionales de las partes, la viuda, Ramona Garrido, y su hija, Amai Latiegui, se levantaron de sus asientos portando unos carteles con la fotografía de José María en los que se podía leer "Justicia".
"Nos han dejado tirados, han favorecido a quien le ha dado la gana, nos conoce bien. Nos matan dos veces, nos mató él y está ayudándoles usted", gritaron las dos mujeres desde la zona reservada a los invitados. Gómez Bermúdez les pidió que cesaran en sus protestas y, ante su insistencia, ordenó a las fuerzas de seguridad que las desalojaran del lugar.
A las puertas de la Audiencia Nacional, Amai Latiegui, la hija de José María, calificó de "injusto" el comportamiento del magistrado, aunque prefirió no valorar su actuación. "No voy a entrar en calificativos, no sea que me metan en la cárcel. Hemos hablado con él implorando y nos ha echado como si fuéramos ratas".
Su madre indicó a los medios de comunicación que se siente "ninguneada" porque, según dijo, el etarra fue extraditado por Francia para ser juzgado, entre otros hechos, por el asesinato de su marido. "Nos han tratado como si fuéramos una porquería, nos han tratado mal, dándonos golpecitos en la espalda, ignorándonos, mareándonos de un sitio a otro".
Ramona y Amai, como tantas y tantas víctimas de ETA, han renunciado a tomarse la justicia por su mano. Como tantas y tantas víctimas, sólo reclaman memoria, dignidad y justicia para sus muertos, algo que no se ha hecho con José María Latiegui. Que un asesinato con cinco implicados se salde con la condena a 12 años de dos de ellos, evidentemente no es justicia.
Nacido en San Sebastián, donde estudió peritaje industrial, José María Latiegui Balmaseda tenía 40 años. Antes de ocupar el puesto que desempeñaba en Moulinex, empresa líder del pequeño electrodoméstico en España que contaba con 125 trabajadores en la fábrica de Usurbil, José María había trabajado en la empresa Mapsa en Pamplona. Según fuentes familiares no tenía afiliación política alguna y no había comentado nunca nada sobre amenazas o problemas relacionados con el llamado "impuesto revolucionario". Estaba casado con Ramona Garrido y tenía dos hijos, un chico de catorce años y una niña de nueve, Amai, que estudiaban en ikastolas de la capital guipuzcoana.
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Es fundamental recordar y honrar a todas las personas que perdieron la vida o resultaron afectadas por los actos violentos perpetrados por ETA. Cada una de estas víctimas merece nuestro respeto y solidaridad.